El órgano fiscalizador encuentra indicios de posible responsabilidad penal por la expropiación.
El Tribunal de Cuentas ha dado traslado del expediente sobre el caso Villa Magdalena a la Fiscalía anticorrupción. La investigación iniciada sobre el proceso de expropiación del palacete en Oviedo, de este modo, da un salto cualitativo sustancial ya que además del proceso contable iniciado (al haber indicios de quebranto de fondos públicos municipales detectados en el proceso), el organismo fiscalizador habría encontrado además responsabilidades penales. Según ha informado el Tribunal de Cuentas a LA VOZ, ha sido el fiscal de esta entidad el que ha tomado la decisión de informar a la Fiscalía anticorrupción que será, ahora, la que debe determinar si estos indicios son fundados y abrir diligencias previas si así lo considera oportuno.
El todo caso, según se informó desde el citado tribunal, el proceso penal que se pueda abrir no cierra en ningún caso el contable ya iniciado; es más, ambas investigaciones se desarrollarían de forma paralela, por lo que el Gobierno local de Oviedo tendría varios frentes abiertos. El Tribunal de Cuentas confirmó que continúa el desarrollo de la investigación de las posibles responsabilidades contables en las que podrían haber incurrido los máximos responsables del ayuntamiento -a cuya cabeza se encuentra el alcalde Gabino de Lorenzo- en el proceso de expropiación de Villa Magdalena y sobre sus consecuencias.
De este modo, el caso se encuentra en la sala segunda de la sección de enjuiciamiento donde se analizan los documentos remitidos desde la Sindicatura de Cuentas asturiana. Fue el síndico mayor de la entidad regional, Avelino Viejo, quien el pasado mes de diciembre decide remitir el expediente de investigación referente a la deuda del Ayuntamiento de Oviedo al Tribunal de Cuentas por las posibles responsabilidades contables al encontrar indicios de perjuicio de fondos públicos. El informe de fiscalización no fue aprobado en el seno del consejo de la Sindicatura -dos de los síndicos votaron en contra de las conclusiones del informe-, pero Viejo, en base al artículo 5.5 de la Ley del Principado relativa al funcionamiento de la entidad, se ve obligado a trasladar el expediente al citado tribunal ante las posibles irregularidades detectadas.
El convenio
El proceso investigado abarca dos momentos fundamentales; el primero es la no consignación de los 11,2 millones de euros del justiprecio marcado por la expropiación de la finca en 1998. Al no hacer frente a este pago, la antigua propietaria reclamó una nueva retasación que ascendía a más de 60 millones de euros. El contencioso se cerró con un convenio suscrito entre el Gobierno local y la mercantil en la que se establecía una nueva tasación del palacete -fijado en 29,5 millones de euros- y por el que se marcaba un pago en especie: el municipio haría entrega a Comamsa del subsuelo de las calles Uría y Toreno para la construcción de 1.500 plazas de aparcamiento. No obstante, la constructora se guarda un comodín en este acuerdo y establece una cláusula por la que se reserva reclamar los 63 millones de la última tasación si el pacto no se ejecuta.
Fuente: La Voz de Asturias
